Reglamento Europeo sobre Inteligencia Artificial
La Ley de Inteligencia Artificial establece estándares globales para una tecnología en pleno desarrollo, que se anticipa a los efectos de una tecnología que está cambiando el mundo.
Entrará en vigor en 2026, obligando a identificar los contenidos creados con esta tecnología y limita las aplicaciones consideradas “de riesgo”. Para ello, se crea un marco legal para el desarrollo de una IA fiable que salvaguarde la seguridad y los derechos fundamentales.
Esta ley permitirá identificar los contenidos genéricos generados por este tipo de tecnologías, que deberán respetar los derechos de autor, el “copyright”. Establece categorías para prohibir el uso de las tecnologías consideradas peligrosas y vigilantes de riesgo.
Prohibiciones
Prohíbe todos los sistemas de categorización biométrica por creencias políticas, religiosas, filosóficas o por raza y orientación sexual.
Impide también la herramienta “social scoring” que puntúa a los ciudadanos según su comportamiento y características personales para determinar su posición en la sociedad.
En centros de trabajo y escuelas se prohíben los sistemas que puedan reconocer las emociones y no se permiten los sistemas para ampliar o crear bases de datos faciales con datos captados de forma indiscriminada a través de internet o capturas audiovisuales.
Excepciones
Contempla ciertas excepciones bajo estrictas salvaguardas como el uso de la identificación facial y biométrica para perseguir delitos graves y con orden judicial.
Se aplicará para evitar una amenaza terrorista previsible o presente, localizar o identificar sospechosos de cometer delitos de terrorismo, tráfico de personas, explotación sexual, secuestro o crimen medioambiental, y para buscar a las víctimas de estos delitos.
Alto riesgo
Define los sistemas de IA autorizados, pero considerados de muy alto riesgo por su impacto notable en la salud, seguridad, los derechos fundamentales, el medio ambiente y el estado de derecho.
Serán de alto riesgo los sistemas utilizados para influir en el resultado de las elecciones y el comportamiento de los votantes. Los ciudadanos tendrán derecho a presentar quejas y recibir explicaciones sobre las decisiones basadas en sistemas de IA de alto riesgo que afecten a sus derechos.
